RECLUSAS: UN 50% SIN SENTENCIA

La Organización ‘México Evalúa’, a través del estudio “Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, revela que en promedio el 50 por ciento de las mujeres en prisión en Tabasco aún no han sido sentenciadas.

En este sentido señala que “en 2020 cuatro de cada 10 hombres se encontraban privados de la libertad esperando una sentencia; en el caso de las mujeres esa proporción aumentó a una de cada dos”.

Cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública indican en que Tabasco hay detenidas 196 mujeres, por lo que 98 de ellas no han sido sentenciadas.

El estudio revela que en general el porcentaje de la población penitenciaria en Tabasco es de 61% con sentencia y 39% son procesados.

El estudio considera que el “uso o abuso de la prisión preventiva es alarmante, aunque todo indica que se han venido normalizando. La figura de la prisión preventiva debe emplearse de manera excepcional”, señala.

CON PENAS MÁS SEVERAS

Al respecto señala que “el tiempo de duración de la pena privativa de libertad en las sentencias es mayor en las mujeres que en los hombres.

Las penas de uno a cinco años las enfrentan el 25.1% de los hombres, frente al 19.3% de las mujeres; las de 16 a 20 años se registran en el 9.6% de las mujeres, frente al 7.7% de los hombres, y las de 21 o más años se dictan al 37% de las mujeres y el 27% de los hombres”.

En el estudio publicado recientemente, este organismo civil, revela que en las organizaciones públicas encargadas de la procuración e impartición de justicia no son ajenas a los efectos de la construcción social e histórica del género, causante de la desigualdad y discriminación en contra de las mujeres y esto seda incluso desde las áreas administrativas de los organismos impartidores de justicia.

DESIGUALDAD

Al respecto señala que el gasto programable se muestra ciego al impacto diferenciado que tiene el sistema de justicia penal en hombres y mujeres.

De los ocho programas en los que se distribuye el presupuesto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), ninguno de ellos se dirige hacia la atención de la desigualdad de género y no se dirigen específicamente a la atención de las brechas de desigualdad de género existentes, por ejemplo, en la distribución de salarios.

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