Detiene juez acuerdo que frena energías renovables
Juzgado especializado en competencia económica concede suspensión definitiva a asociación civil contra la medida de Cenace; la resolución detiene también emisión de nuevas reglas; Sener puede impugnar fallo ante un Tribunal Federal
El grupo Defensa Colectiva recibió la primera suspensión definitiva a las medidas que impulsó la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) respecto a la limitación de sus operaciones en el mercado renovable nacional.
El juzgado Especializado en Competencia Económica resolvió a favor de este colectivo, luego de que interpusieron un amparo en contra del Acuerdo del Cenace y de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de mayo.
En la resolución se detalla que “…al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia”.
El documento también indicó que la apariencia del buen derecho, desde la perspectiva del derecho fundamental de libre concurrencia y competencia económica, parece servir también a la protección de un interés social. Ésto afectaría a “las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados”.
Aunque es la primera suspensión definitiva que se da ante estas medidas de la Sener, existen otras que ya se otorgaron o están en espera de una resolución que limite las acciones de uno o ambos decretos.
Cabe mencionar que el sector empresarial alertó sobre la incertidumbre que causan estas medidas al mercado eléctrico nacional, que puede verse afectado por la falta de inversiones que “huyen” de los cambios en las reglas del juego.
No sólo discrimina a las inversiones privadas (el acuerdo), especialmente las renovables, sino que también establece condiciones para que las autoridades arbitrariamente puedan encarecer artificialmente el precio de la electricidad y desplazar discrecionalmente proyectos de generación privados más eficientes